Por: Josué Bossi

El lunes, el gobierno nacional encabezado por Javier Milei oficializó el veto a la ley que extendía hasta 2026 la emergencia en el sector de discapacidad. Desde entonces, organizaciones sociales y ciudadanos expresan denuncias y reclamos al Estado nacional, al que acusan de abandono.

¿Qué vetó el Gobierno Nacional?

El proyecto aprobado por el Poder Legislativo obligaba al Ejecutivo a:

• Garantizar el financiamiento adecuado de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social.

• Fortalecer a los prestadores de atención integral a personas con discapacidad e implementar la actualización mensual del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

• Financiar de manera sostenible el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y de los programas de atención médica.

• Actualizar la asignación mensual estímulo conforme al porcentaje vigente del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

• Establecer mecanismos institucionales de diálogo con las personas con discapacidad —a través de sus organizaciones— y con los prestadores de servicios que trabajan a su favor.

Detrás de esa decisión no hay un mero trámite burocrático: hay rostros concretos. Son vecinos y vecinas de nuestra ciudad, a quienes vemos todos los días en la calle, en la puerta del negocio o en la plaza. Hoy se ven perjudicados por un sistema que, de manera asfixiante y cruel, les restringe el acceso a derechos básicos para llevar una vida digna.

En tiempos donde la crueldad se vuelve marca de época, resulta urgente informarse, escuchar, empatizar y ponerse en el lugar de quienes hoy son víctimas de una política que mira para otro lado.